No creo que las personas que han comenzado a sentirse atraídas por el discurso libertario realmente quieran la abolición del Estado y el anarcocapitalismo. Creo que quieren instituciones creíbles y un poco de estabilidad, y que han perdido la fe en que el sistema político argentino esté alguna vez en condiciones de ofrecer semejante cosa. Frente a los ataques libertarios, las respuestas de los partidos mayoritarios resultan de una brutal simpleza e inocencia, puesto que se limitan a pedir que se tenga confianza en ciertas cosas porque sí.   

     El mapa político argentino ha quedado divido en dos grandes coaliciones a las que se puede acusar de muchas cosas, menos de haber resuelto la inflación. La persistencia de la inflación y de todos los problemas asociados a ella impiden toda proyección de futuro y hacen imposible cualquier intento de generar estabilidad económica y prosperidad. Las recesiones se vuelven cada vez más frecuentes, la pobreza se consolida en cifras cada vez más altas. El fracaso económico y social se devora la agenda a punto tal que resulta imposible discutir otros puntos fundamentales.

     En mi opinión, el supuesto surgimiento de una nueva ola libertaria solamente puede explicarse y comprenderse en el contexto de esta situación de crisis que se agrava y se prolonga en cada mandato presidencial. Por eso mismo, aciertan quienes se refieren a este fenómeno como una expresión antipolítica, lo cual no resulta extraño, dadas las circunstancias.

     Lo que resulta extraño, en todo caso, es que este brote antipolítico convive con el éxito electoral de las principales coaliciones políticas, las cuales curiosamente logran absorber casi todos los votos. Esto no se explica por un alto nivel de confianza en el sistema político, sino más bien porque nuestro repudio es asimétrico: A nos resulta menos desagradable que B. Como resultado de esto, convive el apoyo explícito a ciertas expresiones políticas nacionales con un rechazo implícito y subterráneo del sistema. Podemos alegrarnos por el triunfo electoral de tal o cual partido, pero eso no nos hace confiar en las instituciones. Seguimos desconfiando de la moneda, de la justicia, de los contratos, etc.

     Muchos intelectuales progresistas se han sentido bastante desconcertados con este nuevo formato de antipolítica, en parte porque la radicalidad de ciertos discursos los ha dejado a ellos ocupando el lugar de los conservadores. Creo que hacen una lectura demasiado directa y literal. Es claro que la antipolítica por sí misma no resuelve nada, pero no basta con repetir esta fórmula para neutralizarla. Tampoco sirven los simples llamados a creer y confiar. Así como los conservadores tienden a pensar que es posible que la gente se reconcilie mágicamente con una policía corrupta, los progresistas tienden a pensar que es posible que la gente se reconcilie mágicamente con una moneda en decadencia. No comprenden que la confianza no puede exigirse como un deber ni pedirse como un favor.

     La confianza en las instituciones sólo puede lograrse con resultados. Es problema es que nadie tiene resultados para ofrecer. Lo único que escuchamos es que se debe confiar en la política “porque es la política”, en la moneda “porque es nuestra moneda”, en la justicia “porque es la justicia”. Mientras tanto, sucede un curioso fenómeno: los que solamente quieren hacer su vida se radicalizan y los que quieren cambiar el mundo se vuelven conservadores.      

Mucho se ha discutido, en estos días y en los últimos años, sobre las empresas y personas que se han ido del país o que piensan hacerlo. Quisiera agregar a esta discusión un complemento que considero fundamental: los argentinos que vivimos en el territorio nacional también estamos todo el tiempo yéndonos de distintas maneras. En un país con una fuerte impronta estadocéntrica, se consolida un proceso según el cual todo sucede cada vez más por fuera de la órbita del Estado. Las personas, aún sin abandonar el territorio de la Argentina, abandonan su aparato institucional.

     El caso más resonante y discutido tiene que ver con el ahorro. Al momento de guardar recursos para el futuro, los argentinos no sólo se escapan de la moneda nacional, sino también del sistema financiero. El ahorro se realiza en billetes de moneda extranjera, guardados en cajas de seguridad, colchones y otros tantos escondites cada vez más rebuscados e insólitos.

     Además, un porcentaje creciente del trabajo y de la actividad económica se produce por fuera de la órbita del Estado. El sistema oficial establece unos parámetros exigentes, pero se aplica a un universo en declinación, mientras predominan formas de interacción económica informal y semi-informal. Hace unos años, por ejemplo, se decía que la Argentina tenía un buen salario mínimo. Esto ya no es así, pero es interesante señalar que, incluso en aquel momento, la figura llamada “salario mínimo” no nos permitía hacernos una idea correcta sobre los ingresos de los argentinos, puesto que su área de aplicación era muy acotada. Las estadísticas de ingresos (publicadas como estadísticas de pobreza) nos brindaban un panorama que no se correspondía con lo sugerido por la idea de un buen salario mínimo.

     En materia de seguridad, la fuga y privatización también es creciente. La idea de “seguridad privada” nos remite inmediatamente a celebridades, políticos y grandes empresarios. Sin embargo, todos los seres humanos procuramos por nuestra seguridad de manera privada, lo cual se exacerba y profundiza cuando creemos que el Estado no lo hará, ya sea por falta de interés o de capacidad. Nos mudamos de barrio o de ciudad, ponemos rejas y alarmas, adaptamos nuestros horarios, pagamos taxis porque se hizo de noche, dejamos de ir a ciertos lugares, hacemos extensos rodeos en nuestros recorridos, establecemos protocolos de ingreso y egreso a nuestras casas, fijamos pautas de cuidado mutuo entre amigos y familiares, pagamos seguros, pagamos servicios de todo tipo, estamos con la guardia alta gran parte del día. Sumando todas estas cosas, podemos hacernos una idea del nivel de privatización de la seguridad. Si solamente denunciamos un robo cuando el cobro de un seguro privado nos lo exige, hemos llegado a un nivel de desconfianza en las instituciones casi completo.

     Con respecto a la justicia, mucho se ha discutido en los últimos años sobre los siguientes fenómenos: los linchamientos y los escraches. Hay quienes defienden los linchamientos y critican los escraches, y viceversa. No creo que esta discusión sea la más interesante. Lo central es que se trata de dos formas de privatización de la justicia. Además de informales, estas formas de justicia son innegablemente desordenadas e incluso cruentas. No las defiendo bajo ningún aspecto. Me limito a decir que responden a la convicción de que las instituciones no tienen interés o capacidad de dar una respuesta a ciertos problemas.

     Por último, menciono el ejemplo de la educación. En este ámbito se viene produciendo una doble fuga. Por un lado, del colegio público al privado. Por otro lado, del sistema educativo (público y privado) a una especie de gran sistema complementario de clases particulares e institutos privados. La magnitud de esta segunda fuga es muy superior a la que pudiera sospecharse a partir de los debates públicos. La enseñanza de idiomas, la preparación para la universidad y la propia enseñanza del currículum escolar suceden en estos espacios en un nivel muy significativo y creciente.

     Estos son algunos de los casos (tal vez los más notables, pero no los únicos) que conforman este proceso de fugas internas, este ejercicio de abandonar las instituciones del país, sin abandonar el territorio. Entonces, además de la eventual salida de empresas y personas que se trasladan a otras latitudes, deberíamos discutir por qué los argentinos que vivimos en el país tampoco estamos del todo en él. Vivimos parcialmente es un enorme sistema paralelo que tiene sus propias conductas, lógicas e interacciones. Esto no sólo implica que todo debe pagarse dos o tres veces, sino que solamente acceden a ciertos bienes quienes tienen la capacidad de pagarlos dos o tres veces.    

Publicado en El Periódico, 08/04/2020.

La enorme rapidez y agresividad con que se expande la actual pandemia ha suscitado reacciones políticas hasta hace poco inimaginables y ha logrado excitar nuestra imaginación a la hora de figurarnos escenarios utópicos y distópicos de la más variada índole. Lo cierto, no obstante, es que no tenemos todavía información suficiente como para sacar conclusiones definitivas. Sabemos que no queremos que suceda aquí lo que sucedió en España e Italia, sabemos que algunos países parecen haber gestionado la crisis mejor que el resto.

     Sin embargo, hasta que no exista un tratamiento efectivo o una vacuna, no podemos determinar con certeza quiénes son los ganadores y perdedores, puesto que no sabemos exactamente cuántos capítulos le faltan a la serie. Una larga lista de intelectuales y analistas pretenden argumentar que la pandemia no hará otra cosa que demostrar sus convicciones previas. Semejantes ejercicios de profecía pseudocientífica no deberían ser tomados con demasiada seriedad.

     Un ejemplo interesante de esta incertidumbre es la discusión respecto de si los gobiernos deben priorizar la salud o la economía. La triste verdad es que no lo sabemos. Podemos decir con certeza que, si la pandemia se descontrola, la economía se verá profundamente afectada. Pero también es claro que el colapso económico produce muertes por hambre, estrés, depresión y otras tantas causas asociadas al deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, el interés social y mediático está puesto en los muertos por coronavirus, que aparecen publicados en todas partes y con actualizaciones diarias. De modo tal que el funcionario público está fuertemente incentivado a priorizar este problema. Sin embargo, hasta que no veamos el último capítulo, no podremos evaluar la pertinencia de las medidas actuales.

     Los gobiernos están obligados a actuar con muy poca información. Terminada la actual cuarentena, por ejemplo, es improbable que el número de infectados se reduzca a cero, lo que significa que la enfermedad puede volver a propagarse. En conclusión, las medidas pro economía asumen un alto costo sanitario, con la única ventaja de simplemente postergar el colapso económico. Las medidas pro salud asumen un alto costo económico, pero no podemos saber si realmente evitan o simplemente postergan el colapso sanitario. Por el momento, parece que unas semanas de cuarentena pueden ser útiles para ganar tiempo y equipar el sistema de salud. Pero más adelante se necesitará una estrategia diferente.